En una jornada que organizó ayer día 19 de julio UNESPA en la sede del Instituto de Empresa y a la que fue invitada AEMES entre otras instituciones, quedó patente el liderazgo y el impulso que dicha asociación está adquiriendo en el nuevo debate y negociación del Pacto de Toledo.
Con la presentación de diversas experiencias llevadas a cabo en países europeos como Reino Unido, Alemania y Suecia, que ya tienen bastante avanzados “sus deberes” en cuanto a pensiones se refiere, quedó ampliamente de manifiesto, la urgente reforma que necesita nuestro sistema público de pensiones, se habló de la ampliación de la edad de jubilación o de los años de cotización, de cualquier modo, se trata de un asunto urgente que el Gobierno junto con el resto de fuerzas políticas, debe abordar sin más dilación.
En la intervención del secretario de Estado Octavio Granado, abogó por "aprovechar" la crisis económica para reformar el sistema de la Seguridad Social y tachó de "gravísima irresponsabilidad" que Gobierno, partidos políticos y agentes sociales no sean capaces de llegar a un acuerdo.
Aseguró que hasta ahora los acuerdos en materia de pensiones se han hecho "bien" y sería un "disparate" que no fuera así, al tiempo que puntualizó que la prolongación de la edad de jubilación a los 67 años es una medida "razonable" que "no tendrá los efectos devastadores" que algunos predicen.
También apostó por un "reequilibrio" en el diseño de las cotizaciones por contingencias profesionales y dijo que podrían ser "más moderadas" para aquellos sectores más productivos.
Al respecto, anunció que el Ejecutivo estudia una modificación de estas cotizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad para que actúen como "estímulo a la competitividad de la economía".
Dijo que el Gobierno estudia la evolución que debe tener este tipo de cotizaciones e intentará reducir el próximo año la sobrecotización que hacen empresas que pagan cuotas más elevadas.
No obstante, se mostró en contra de que las pensiones se financien a través de subidas de impuestos, y dijo que, aparte de ser negativo para la competitividad del sector servicios, sería un "penoso error", ya que "cada ciudadano cotiza porque sabe que paga y se le devuelve en forma de prestaciones".
