AEMES, Patronal del Sector de la Mediación, participó en la mañana de ayer en el Grupo de Trabajo de Entidades Beneficiarias de subvenciones en materia de formación, correspondientes a las Convocatorias de los años 2010 y 2011. Esta sesión fue organizada de forma conjunta por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y la consultora Ikertalde, encargada de realizar un informe de evaluación de los planes de formación en los años referidos.
La elección de las entidades participantes se llevó a cabo mediante criterios de representatividad y diversidad, por lo que contó con un espectro de sectores suficientemente amplio que permitiera un análisis integral del sistema.
Entre las aportaciones más relevantes, se enfatizó, en primer lugar, en las consecuencias que ha supuesto para los planes de formación la reducción presupuestaria de las partidas destinadas a este fin, tales como un menor acceso por parte de los trabajadores o la disminución de la calidad de la oferta formativa por el elevado coste de impartición. En esta misma materia, el contexto socioeconómico actual propició la propuesta de atribuir un presupuesto específico para la formación de desempleados, en lugar de detraer estas partidas de los fondos de formación para trabajadores ocupados, con el fin de atender las necesidades de recualificación del colectivo de desempleados de larga duración.
Sobre la modalidad de impartición, se resaltó la relevancia del sistema de teleformación, en sustitución de la formación a distancia, lo cual requiere, en algunos sectores, una formación de acceso que permita un uso eficiente de sus plataformas. En cuanto a la impartición, se destacó el rol fundamental del tutor como valor de calidad de este modelo, en conjunción con el desarrollo y posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
A modo de conclusión, el Grupo de Trabajo consideró adecuado el modelo de formación pero no así sus procedimientos de gestión, aludiendo a los crecientes problemas de interacción entre la Fundación Tripartita y el Servicio Público de Empleo Estatal a la hora de ejecutar estos planes de formación. Ello ha propiciado un aumento de las cargas administrativas a las entidades beneficiarias en funciones que, a priori, no deberían ser de su competencia.
