La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado a los agentes sociales que el Gobierno quiere, antes de que acabe el año, reducir a tres los tipos de contratos. La intención es que haya uno indefinido, otro temporal de indemnización creciente y un último formativo.
Báñez también planteó que hay que evaluar las bonificaciones a la contratación, para incentivar el empleo indefinido y desincentivar la temporalidad, aunque no concretó las fórmulas que estudia el Ejecutivo.
La ministra ha mantenido una reunión que ha durado cerca de dos horas con los líderes de CEOE y de CEPYME, Juan Rosell y Antonio Garamendi, y de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, en la que han hecho balance de los asuntos pendientes que deben abordarse en el ámbito del diálogo social en los próximos meses.
Entre las propuestas que están sobre la mesa se encuentra, entre otros asuntos, la simplificación de los modelos de contrato; la revisión de los incentivos al empleo indefinido y los desincentivos a la temporalidad; el estudio de las medidas necesarias para reducir el empleo juvenil; la convocatoria de subvenciones públicas para impulsar las TIC y la economía digital; el diálogo sobre el futuro de las pensiones, y el debate sobre el Pilar Social Europeo, con el objetivo de crear una autoridad laboral europea.
Ante la propuesta de Fátima Báñez de reducir el número de contratos, el presidente de CEOE, Juan Rosell, ha asegurado que "todo lo que sea simplificación nos parece bien". También ha recordado que en España hay cerca de 40 modalidades de contratos. "Hemos de ver cuáles son las propuestas definitivas", apuntó. En su opinión, la reducción del número de contratos es una tendencia en todos los países, aclarando que es algo que ya han aprobado en Francia, Alemania o Italia. Se mostró partidario de llegar a una acuerdo a medio plazo, ya que cambiar los tipos de contrato "de un día para otro es complicado".
Asimismo, Juan Rosell se mostró abierto al diálogo: "No decimos que no a nada". No obstante, avisó de que las cotizaciones sociales en España son las más altas de la UE con la excepción de Francia y que cualquier propuesta que plantee subirlas más es "ir en la dirección equivocada".
