Un total de 954.568 páginas dedicaron en conjunto los Boletines oficiales de ámbito estatal y autonómico a las nuevas normas durante el año 2017. El volumen de páginas publicadas se dividieron en 731.525 en los boletines oficiales de las Comunidades Autónomas y un total de 223.043 páginas editadas en el BOE en el Boletín Oficial del Estado, BOE, en el pasado año, según un informe de CEOE sobre “la producción normativa en 2017”.
Este informe indica que, según los últimos datos obtenidos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE), en 2017 se aprobaron 517 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal, lo que supone un incremento del 18,6%, respecto de las 436 normas adoptadas en el año anterior. No obstante, añade que 2016 fue un año excepcional, cuya actividad legislativa estuvo condicionada por la existencia de un gobierno en funciones durante buena parte del año.
El análisis de CEOE destaca que las 517 normas aprobadas en 2017 son el segundo registro más bajo de toda la serie histórica. En este sentido apunta que “la naturaleza más diversa del arco parlamentario de la actual legislatura, podría haber afectado a esta menor proliferación de normas en términos comparados”. Por otro lado, entre 1970 y 2017 se han aprobado en España un total de 41.883 normas estatales.
El primer año de la actual legislativa (entendido desde la fecha de la sesión de apertura, es decir, del 17 de noviembre de 2016 al 17 de noviembre de 2017) ha sido el año inicial de legislatura menos productivo en el aspecto normativo de todos los acontecidos hasta la fecha.
Comparando, por simplificar, las últimas cuatro legislaturas, en función del tipo de norma, se observa que la principal diferencia en el año inicial de la presente legislatura, ha radicado en una menor actividad en la proliferación de normas con rango no de ley, en especial, de órdenes ministeriales, aunque la aprobación de reales decretos también ha sido inferior, salvo respecto a la última legislatura (la que comienza en 2011, es decir, sin contar la legislatura de gobierno en funciones).
Por lo que se refiere a las normas con rango de ley, la presente legislatura ha tenido menor actividad normativa reflejada en leyes orgánicas, mientras que las leyes y los reales decretos-ley (si bien han estado por debajo del primer año de la legislatura anterior) han superado a las aprobadas en el año inicial de las legislaturas que comenzaron en 2004 y 2008.
El pasado 7 de diciembre de 2017 el Consejo de Ministros aprobó por primera vez el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado, correspondiente al ejercicio 2018. Dicho plan recoge el listado de normas (leyes orgánicas, leyes ordinarias y reales decretos) cuya aprobación está prevista para el presente año.
Esta medida, completada con el Informe Anual de Evaluación Normativa y la creación de la Junta de Planificación y Evaluación Normativa, pretende, según el propio Plan:
- Asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y evitar modificaciones sucesivas del régimen legal de un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo.
- Dar a conocer a todos los agentes cuáles son las normas previstas para cada año natural, incrementando la transparencia.
- Racionalizar la actividad normativa, a través de la reflexión que impone la articulación en un calendario del programa legislativo.
En opinión de CEOE, “el entramado legislativo español está caracterizado por una elevada densidad y complejidad, lo que obliga a las empresas a bregar con un alto, y a menudo disperso, nivel de regulación, que origina distorsiones en el mercado y un alto nivel de cargas administrativas”. Según advierte la Confederación, esta situación “impacta directamente sobre nuestra capacidad de crecimiento económico, pues erosiona la competitividad de nuestras empresas, que se ven obligadas a destinar notables recursos y esfuerzos a cumplir con la regulación existente, a veces injustificada o desproporcionada. Ello conlleva no poder dedicarse plenamente a su actividad generadora de riqueza y de empleo”.
CEOE insiste que si España quiere convertirse “en polo de competitividad en la economía globalizada, ha de contar con una Administración y una legislación simplificada, moderna, estable y al servicio de las necesidades de las empresas y los ciudadanos”.
